Con la discusión de la Ley de Telecomunicaciones regresó al debate público el tema de las asimetrías. Las regulaciones asimétricas están presentes y son aceptadas y aceptables en todas las sociedades y en lo que llamamos la sociedad global. A una regulación asimétrica —que no es más que un trato desigual— subyace la idea de dar oportunidad a ciertas personas, mercados, empresas o países que están en desventaja, de crecer para superar circunstancias desfavorables. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio otorga a los países en desarrollo disposiciones diferenciales o derechos especiales para que puedan competir en mejores condiciones. Lo mismo ocurre cuando se piensa en grupos que, por una u otra razón, han sido discriminados o no han tenido igualdad de oportunidades: mujeres, minusválidos, indígenas.
El problema es cuando los tratamientos especiales o diferenciales derivan del poder político o económico que tienen ciertos grupos en una sociedad para adquirir (todavía más) ventajas, o sea, no para acabar con las desigualdades y desequilibrios estructurales o para emparejar condiciones sino para dispensar a los poderosos de ciertas regulaciones. Estos tratos preferenciales son en realidad privilegios y México está a la vanguardia en su otorgamiento.
Hay muchos ejemplos de este tipo de dispensas de parte de los gobiernos que provocan irritación y abonan al descrédito de las instituciones democráticas.
Ahí está el encarcelamiento del doctor Mireles por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Su detención está más que justificada, pero no deja de sorprender y llamar a sospecha que, mientras este autodefensa fue encarcelado, otros líderes sociales y ciudadanos en muchas regiones de Michoacán —La Ruana, por ejemplo— siguen portando ese tipo de armas sin que el gobierno actúe.
Lo mismo ocurrió con el Hoy No Circula. Más allá de las críticas que ha recibido el Gobierno del DF por lo improvisado de la medida y la deficiente comunicación sobre las razones y beneficios esperados, lo que más ha enojado a la población es, primero, la asimetría en el tratamiento entre los ricos y los pobres y, después, la suavización de la medida ante el despliegue de poder de algunos de los afectados como los tianguistas, que paralizaron arterias importantes de la Ciudad de México sin consecuencia alguna. Bueno, sí, con la consecuencia de que se les exentará de la medida que aplicará para el resto de los automovilistas.
En un ámbito totalmente distinto está la ley que prohíbe a los circos usar animales en sus espectáculos. Bien, pero nada más presentada y aprobada la iniciativa se inaugura el acuario y nada se dice de las corridas de toros o los zoológicos.
¿Y qué decir de la obligación fiscal de enterar a la Federación de las contribuciones recaudadas por los gobiernos estatales? A ellos se les perdona el adeudo, pero a un empresario que pretendiera hacer lo mismo se le castigaría por el mismo delito hasta con nueve años de prisión. Por cierto, hoy 9 de julio decidirá la 1ª sala de la SCJN si acepta o rechaza el amparo que interpusimos 19 ciudadanos en contra de que a los estados se les permita “quedarse” con ISR retenido.
Está también el insulto que ha representado la fianza por 80 millones impuesta al dueño de Oceanografía por un fraude calculado en más de cinco mil millones de pesos con el fin de evitar ser puesto tras las rejas. Contrasta este hecho con el de que más de 40% de la población carcelaria se encuentra recluida por robos menores a los cinco mil pesos.
La cereza del pastel es, desde luego, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones. No se trata de quitar méritos a la ley. La reforma trae consigo muchos beneficios que repercutirán en favor del consumidor y de nuevos inversionistas que quieran incursionar en los mercados de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Bienvenida esta difícil decisión, aunque aquí, al final, también se usaron dos varas para medir. Está claro que la idea de la reforma constitucional era hacer frente a la falta de regulación que “llevó a una gran extracción de recursos del consumidor por parte, sobre todo, de Telmex y Telcel, y a un gran peso político por el lado de Televisa”. Pero, con la decisión de establecer en la ley secundaria la determinación de preponderancia por sector y no por servicio se sigue manteniendo un régimen de excepción para los diferentes mercados que subsisten en las industrias de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Esta decisión permite que la televisora dominante no sea declarada preponderante en la televisión de paga, aunque tenga más de 60% de ese mercado y abre la puerta del litigio judicial para tampoco serlo en televisión abierta. Un nuevo tratamiento desigual.
Si se siguen tomando decisiones por la presión política o económica que ciertos actores pueden y saben desplegar, México seguirá sin construir un Estado de derecho y seguirá siendo un país de privilegios. En estas condiciones es mucho más difícil que la competencia prospere.
