AGENCIAS
EU.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los gobiernos de ambos países están fortaleciendo la estrategia contra las organizaciones criminales mediante el combate a sus estructuras financieras, al considerar que una de las principales formas de debilitarlas es afectar directamente los recursos que obtienen y movilizan de manera ilícita.
A través de una publicación en redes sociales, el diplomático destacó un caso investigado en Minnesota, donde un ciudadano mexicano, identificado como Christopher A. Bravo Marín, fue detenido y acusado ante autoridades federales estadounidenses de presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero para una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Johnson sostuvo que la estrategia estadounidense busca alcanzar no solamente a quienes participan directamente en el tráfico de drogas, sino también a las personas y estructuras encargadas de mover, ocultar y transferir las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.
“Hay que ir tras el dinero. Hay que atacar a los cárteles donde más les duele: sus recursos”, señaló el embajador, al destacar que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump Estados Unidos mantiene una ofensiva contra las distintas partes de las redes criminales.
De acuerdo con la investigación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Bravo Marín presuntamente participó en un esquema para lavar al menos 750 mil dólares destinados a integrantes del CJNG. Las operaciones habrían utilizado transferencias estructuradas e identidades falsas con el propósito de ocultar el origen y destino de los recursos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado habría conspirado con integrantes de una célula del grupo criminal para lavar dinero procedente del tráfico de drogas y posteriormente transferirlo a líderes de la organización en México.
Según la acusación, parte de las operaciones se habría realizado mediante la empresa para la que trabajaba Bravo Marín, lo que habría permitido utilizar actividades financieras aparentemente legales para facilitar el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
El fiscal federal del Distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, señaló que el acusado presuntamente contribuyó al fortalecimiento de una infraestructura criminal al facilitar la transferencia de recursos provenientes del narcotráfico hacia integrantes de la organización.
El caso es presentado por las autoridades estadounidenses como un ejemplo de la importancia de seguir la ruta del dinero dentro de las investigaciones contra los grupos criminales. Bajo este enfoque, el combate al narcotráfico no se limita a decomisos de droga o detenciones de operadores, sino que también busca identificar a quienes administran, ocultan, transfieren o invierten las ganancias obtenidas por actividades ilícitas.
La estrategia financiera puede incluir investigaciones sobre transferencias bancarias, empresas utilizadas como fachada, prestanombres, identidades falsas y otros mecanismos empleados para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente enviarlos a otros integrantes de las organizaciones.
El mensaje de Johnson ocurre además en un contexto de creciente cooperación entre autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Washington ha incrementado la presión sobre las estructuras financieras de los grupos criminales, mientras que las autoridades mexicanas han enfrentado el desafío de identificar y desarticular las redes que permiten que las ganancias del narcotráfico sean movilizadas dentro y fuera del país.
Para las autoridades estadounidenses, afectar las finanzas representa un golpe estratégico, debido a que limita la capacidad de las organizaciones criminales para adquirir armas, transportar droga, pagar a operadores, corromper funcionarios y mantener las estructuras necesarias para continuar con sus actividades.
El caso de Minnesota, sin embargo, corresponde a una acusación federal y las imputaciones contra Bravo Marín deberán ser acreditadas ante los tribunales estadounidenses conforme avance el proceso judicial.
La ofensiva anunciada por Johnson refleja así un cambio de énfasis en la lucha contra los cárteles: además de perseguir a sus principales operadores, Estados Unidos busca identificar y desmantelar las redes financieras que permiten que las organizaciones criminales mantengan y expandan sus operaciones.
