AGENCIA
Nacional.- A pesar de la supuesta autonomía de las fiscalías estatales, la realidad en México muestra un panorama muy diferente. En los últimos siete años, 12 fiscales no han completado sus periodos, ya sea por renuncia o destitución, lo que pone en evidencia la influencia política que los gobiernos estatales ejercen sobre estas instituciones.
Para Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, las fiscalías estatales son percibidas como parte del gobierno en turno, utilizándose como herramientas políticas para seleccionar a quién investigar y la dirección que toman las investigaciones. “Esto se refleja en la velocidad con la que avanzan o no las investigaciones durante un sexenio particular”, comentó Camacho en entrevista.
La falta de autonomía en las fiscalías se manifiesta en el hecho de que 12 fiscales renunciaron por “motivos personales” o fueron destituidos por razones políticas. San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León son estados donde los fiscales han renunciado, mientras que en Guerrero y Veracruz fueron destituidos.
En el caso de Guerrero, la destitución del fiscal general ocurrió tras el asesinato de Yonqui Kothan Gómez Peralta, un estudiante normalista de Ayotzinapa. La gobernadora Evelyn Salgado destituyó a la fiscal Sandra Valdovinos en marzo de 2024. En Veracruz, Jorge Winckler Ortiz fue destituido por supuestamente no cumplir con los exámenes de control y confianza. El exfiscal fue prófugo de la justicia hasta su detención en 2022.
La influencia de los ejecutivos locales en las fiscalías se evidencia también en el caso de Oaxaca, donde, en menos de nueve años, tres fiscales han renunciado antes de tiempo, demostrando la falta de autonomía. En Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, fiscal designado durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca, logró mantener su cargo durante la administración morenista de Américo Villarreal, gracias a un “blindaje” legislativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su opinión sobre las fiscalías estatales, cuestionando la autonomía de los fiscales que permanecen en sus cargos durante largos periodos sin mostrar buenos resultados. Durante una conferencia en 2022, el presidente sugirió que los fiscales deberían ser sometidos a un proceso de revocación de mandato, similar al del presidente, para evitar el uso político de estos cargos.
El panorama actual sugiere que la procuración de justicia en México continúa teniendo un fuerte componente político. Camacho, de México Evalúa, destaca que los fiscales supuestamente autónomos no rinden cuentas al Congreso ni a la sociedad, y las decisiones sobre a quién investigar o no están vinculadas a los intereses de los ejecutivos locales.
Con la llegada de nuevas elecciones en 2024, se espera que esta situación se agrave, con posibles renuncias o destituciones de fiscales que no se alineen con los gobiernos estatales en turno. Esto plantea un desafío importante para la justicia en México, donde la independencia de las fiscalías es esencial para el correcto funcionamiento del sistema judicial y la lucha contra la impunidad.
