Xalapa.- Al ahora desterrado del PRI, Javier Duarte de Ochoa, no le importó involucrar a su familia más cercana como parte del “cártel” que le permitió acumular una riqueza con la cual ha adquirido propiedades en todo el País y en el extranjero, a través de prestanombres de empresas “fantasma”, en donde aparecen su esposa, exfuncionarios del Gobierno y personas de clase media, los cuales ahora están detenidos.
De acuerdo a la investigación realizada por El Financiero, entre los personajes del primer círculo de Duarte, que están en la lista de investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) aparece su madre, Cecilia Ochoa Guasti, su hermano Daniel Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías.
Tambien figuran sus suegros, Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf; su tía política, Corsí Tubilla Letayf; su cuñada Mónica Ghihan Macías Tubilla, y el esposo de ésta última, José Armado Rodríguez Ayache, además de que la PGR investiga a diversos familiares, entre ellos sus primos políticos Córsica Alejandra y Jorge Fernando Ramírez Tubilla.
Otros familiares son Lucía Letayf, mientras que entre los amigos del expriista, quien se encuentra prófugo de la justicia, está Moisés Mansur Cysneiros, quien al igual que Duarte cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. La lista de personajes involucrados en la corrupción duartista y cuya actividad investiga la PGR, aparte de Mansur Cysneiros, hay cinco más con apellido Mansur: José Antonio Mansur Beltrán, Mónica Patricia Mansur Beltrán, Jean Paul Mansur Beltrán, Nessim Mansur Cohen y José Antonio Mansur Galán, dueños de negocios, entre ellos dos equipos de béisbol. De esa manera, el entramado que creó Javier Duarte para desfalcar al erario de la Entidad por unos 3 mil millones de pesos, mismos que invirtió en propiedades en México y en el extranjero, implica a 40 personas de su primer círculo, entre familiares de él y de su esposa, Karime Macías Tubilla, así como amigos que sirvieron como prestanombres.
La red de corrupción y lavado involucra también a por lo menos una decena de personas más, en su mayoría exfuncionarios en el Gobierno de Veracruz, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Protección Civil, así como sus colaboradores, y algunas personas de muy bajo perfil, como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta -únicas detenidas por el caso-, quienes, al igual que la mayoría de los implicados, fueron usadas como prestanombres de Duarte para la compra de inmuebles.
Estas mujeres, de origen humilde y oriundas de Tlalnepantla, Estado de México, aparecen como dueñas de la empresa Consorcio Brades, a través de la cual se triangularon más de 200 millones de pesos, para la compra y remodelación del lujoso rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México.
El lugar –que cuenta caballerizas y caballos de rejoneo, así como suites para dueños e invitados–, era utilizado por Duarte para pasar fines de semana con familia, políticos y empresarios.
En tanto, existen por lo menos una decena de exfuncionarios indagados, entre ellos: Edgar Spinoso, exoficial Mayor del Estado; Tomás Ruiz, exsecretario de Finanzas; Tarek Abdalá Saad, extesorero; Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social; Vicente Benítez, exsubsecretario Desarrollo Social, y Humberto Benítez, exjefe de la Unidad Administrativa de Desarrollo Social.
Se sabe que la PGR solicitará la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para establecer los movimientos financieros en torno a diversas propiedades en Texas, Nueva York y Florida, relacionadas con el caso de Javier Duarte.
