De la redacción
El Buen Tono
Nogales.- Con el argumento del ordenamiento urbano, el ayuntamiento que preside Libni Zuriel de la Cruz, extorsiona a los ciudadanos a través de supervisiones de obras, al grado de que ciudadanos lo consideraron como un mecanismo de hostigamiento institucional, mientras el rezago en infraestructura pública permanece evidente y sin atención.
De acuerdo con testimonios que se recabaron, propietarios y pequeños desarrolladores registran inspecciones constantes, así como cobros crecientes por permisos y trámites que calificaron como excesivos y poco claros.
La percepción generalizada es que el gobierno municipal optó por imponer mayores restricciones sobre quienes buscan construir o mejorar su patrimonio, en lugar de facilitar el desarrollo.
La presión administrativa, indicaron, golpea la economía familiar, inhibe la inversión local y frena proyectos que podrían detonar crecimiento económico del municipio.
El contraste resulta cada vez más evidente. Mientras la autoridad intensifica la vigilancia sobre la obra privada, en las calles persisten problemas que exhiben abandono institucional, tal es el caso de vialidades deterioradas, obras inconclusas y deficiencias en servicios básicos que se mantienen sin resolverse desde hace tiempo.
Habitantes y sectores críticos de la localidad dijeron que el enfoque actual es desequilibrado y contraproducente.
Manifestaron que un ordenamiento urbano nunca puede sustentarse en la presión recaudatoria ni en la fiscalización selectiva, sino en una estrategia integral que incluya inversión pública eficiente, planeación y transparencia en el ejercicio del dinero.
Ante este panorama, ciudadanos exigieron una revisión de fondo a las políticas implementadas por la administración municipal, así como claridad en los cobros y un cambio de rumbo que priorice la atención de las necesidades urgentes, en lugar de obstaculizar el desarrollo de quienes sostienen la economía local y dan empleo a ciudadanos.
