Ante la defenestración de Elba Esther Gordillo como líder “vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el doctor Macario Schettino escribió en su cuenta de Twitter: “Sigo sin saber si estamos fortaleciendo al Estado o regresando al autoritarismo”.
Y en los desordenados y gozosos diálogos que se dan en esos lavaderos de la vecindad electrónica intenté una especie de respuesta: “Ni lo uno ni lo otro, creo. Es muestra de poder”.
Partí de una premisa básica: la piedra angular del sistema político mexicano es su exacerbado presidencialismo, aquel que hace uso absoluto de sus facultades constitucionales, pero especialmente de las llamadas metaconstitucionales. El PRI y sus militantes lo saben bien; es parte de su código genético.
Los manotazos, ajustes de cuentas, ejemplos moralizantes, escarmientos, vendettas, purgas, lucha contra la corrupción, cobro de facturas, designaciones diplomáticas o como quiera llamárseles a este tipo de acciones de los gobernantes mexicanos, tienen el fin político, casi único, de dejar en claro a opositores y simpatizantes de que en México el único que manda es el señor Presidente de la República.
En la época moderna de México no ha habido Presidente de la República, surgido del PRI, que no haya hecho uso de esa facultad metaconstitucional para afianzarse en el poder, deshacerse de algún enemigo político o amenazar implícitamente a quien pensare “salirse del huacal”.
Sin cuestionar la culpabilidad o inocencia de los involucrados van algunos ejemplos a vuelapluma: Ernesto Zedillo hizo encarcelar a Raúl Salinas de Gortari; Carlos Salinas de Gortari encarceló a Joaquín Hernández Galicia La Quina, patriarca del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a varios de sus colaboradores en la dirigencia formal, lo que sirvió para que Carlos Jonguitud Barrios entregase el SNTE; Miguel de la Madrid y su “renovación moral” llevó a la cárcel a Jorge Díaz Serrano y al impresentable Arturo Durazo Moreno; José López Portillo encarceló a Félix Barra García, secretario de la Reforma Agraria con Luis Echeverría… y así sólo baste recordar que Álvaro Obregón ordenó, en 1927, la aprehensión y asesinato del general Francisco Serrano, y Lázaro Cárdenas exilió —dicen algunas crónicas que fue sacado de su casa en pijama— a Plutarco Elías Calles, el pretendido Jefe Máximo.
En esas acciones políticas —más allá de la culpabilidad o la inocencia de los involucrados— hubo la intención de dejar claro el mensaje: el poder está en manos y lo ejerce el Presidente de la República… a su discreción. Ayer, como hoy hay evidentes casos de corrupción que podrían o deberían haberse investigado y, en su caso, castigado. Ahora, todavía (habrá que ser optimistas) hay oportunidad. Sin embargo, el más reverenciado de los ideólogos priistas, Jesús Reyes Heroles (padre) decía que en política la forma es fondo. Y la forma de hoy se parece mucho a la de ayer.
Por lo pronto, no hay fortalecimiento del Estado mexicano y esa demostración de poder está más cercana a la restauración del totalitarismo sustentado en el presidencialismo absoluto, que dos gobiernos panistas no ejercieron y tampoco quisieron, o supieron o pudieron desmantelar ni legal ni culturalmente, en beneficio de un naciente sistema democrático que hasta hoy se ha quedado en el ejercicio del voto popular. Ojalá ese ejercicio ya ganado sea suficiente para inhibir cualquier tentación autoritaria.
CAMBIO DE VÍAS.- Bueno, resulta que los 25 mil desaparecidos en el gobierno de Felipe Calderón, según las cifras que dio a conocer la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, se convirtieron en 26 mil 161 mexicanos ausentes y acumulados en un banco de datos no actualizado en donde, se supone, se incluye lo mismo a quienes han sufrido desaparición forzada o han huido, migrado, abandonado, extraviado, afectados por motivos familiares, laborales o desastres naturales y otros. Del total, 20 mil 915 están relacionados con alguna averiguación de alguna autoridad, pero no necesariamente con desapariciones forzadas o hechos criminales. Esto no es lo mismo que 25 mil desaparecidos atribuibles a un gobierno. Y que quede claro nuevamente que con uno que exista —que los hay— el hecho es suficientemente grave.
