Córdoba.- Ejidatarios que mantienen tomadas las instalaciones de la Procuraduría Agraria desde hace tres días, finalmente fueron atendidos por personal del área jurídica y del Órgano de Control de Quejas a nivel federal. Desde el mediodía de ayer iniciaron una mesa de dialogo que se extendió hasta pasadas las 19:00 horas.
En un primer acercamiento con los ejidatarios, el subdelegado jurídico, José Luis Sáenz, intentó llegar a un acuerdo para la liberación del inmueble que alberga las oficinas, ubicadas en la avenida 9 esquina con calle 1, bajo el argumento de que es una dependencia que debe trabajar con normalidad y cuyos trabajadores no forman parte del proceso de las investigaciones.
Los quejosos se opusieron a la petición del representante jurídico y, por el contrario, exigieron la destitución, al menos de forma temporal, de los funcionarios acusados de corruptos por ellos: Mónica Elizabeth, ex titular de la dependencia en Córdoba; Fausto Corona, Olivia Torres y el ex comisariado del ejido Agustín Millan, Jaime Segura, pues temen que si permiten su ingreso, sean substraídas todas aquellas pruebas que los evidencian por sus
malos manejos.
“Si la gente que está señalada por actos de corrupción va a poder ingresar, no tenemos imparcialidad, no es justo ni es equitativo. El órgano de control interno los puede suspender de forma temporal, no pedimos algo que sea ilegal ni imposible, ellos ya llevan 18 años en actos de corrupción”, sostuvieron los afectados.
No logran acuerdo
Tras casi dos horas de dialogo, los ejidatarios no accedieron a liberar el inmueble.
Hasta el lugar arribó el titular del área de Quejas del Órgano de Control Interno de la Procuraduría Agraria, Hilario Alberto Chávez Muñoz, quien también se sumó a las peticiones por la liberación de las instalaciones.
Pese a la insistencia de ambos representantes, los ejidatarios no accedieron a levantar la protesta.
Con estas condiciones, se procedió a la presentación formal de la queja ante el Órgano de Control Interno.
La información se respaldó con documentos que los ejidatarios presentaron, entre ellos: certificados parcelarios; certificados de derechos agrarios; y certificados de derechos agrarios de cada uno de los afectados por la presunta expropiación ilegal de las 3.5 hectáreas del ejido Agustín Millán que, se presume, fueron vendidas sin el consentimiento de los propietarios.
No atender·n problema agrario
Según el titular del área de Quejas del Órgano de Control Interno de la Procuraduría Agraria, Hilario Alberto Chávez Muñoz, el organismo que representa estará encargado de conjuntar todas y cada una de las pruebas que los ejidatarios afirman tener en
su poder.
Por lo que una vez que se presentó la queja, se procederá a investigar la supuesta responsabilidad de los servidores adscritos a esta Procuraduría mas no el origen del problema (la venta ilegal de
las tierras).
El documento que los ejidatarios presentaron ante este órgano interno será puesto en análisis a la espera de que se determine la participación, o no, de los sujetos
señalados.
No se precisó el tiempo durante el cual se desarrollará el desahogo de las pruebas, ni la fecha probable para la emisión del dictamen final de las investigaciones.
Yessica MartÌnez Arguelles
El Buen Tono
