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Olvidan diputados a desvalidos

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Orizaba.- Los diputados se hacen ciegos, sordos y mudos, ante las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, entre ellos los débiles visuales, quedando pendiente la inclusión de las personas con alguna discapacidad en el Gobierno Estatal saliente.

El presidente de Ciegos y Débiles Visuales, AC, Javier Gutiérrez Tamayo, señaló que en el País está vigente la Ley Federal de Inclusión y Atención de Personas con discapacidad 2014-2018, que fue anunciada con bombos y platillos por el Presidente del País.

Lamentablemente, muchos son desempleados, “a pesar de que están rehabilitados, capacitados y demuestran que son profesionistas, automáticamente tienen que dedicarse al autoempleo”.

“Esto les afecta en todos los sentidos, tanto emocional como económicamente, porque te topas con una frustración, primero que nada y a pesar del régimen jurídico no está la inclusión, aunque lo demuestres no hay apertura”, refirió.

Lo anterior, porque no hay espacios para que trabajen, “si para una personas no invidente es difícil, imagínate para quien tiene alguna discapacidad y la ceguera es la más difícil”.

Gutiérrez Tamayo, dijo que la falta de la aplicación de estrategias para la inclusión de personas preparadas académica o laboralmente, ha provocado que el 20 por ciento de la población, principalmente joven, se dedique a pedir limosna.

 

Una farsa la pensión

Indicó que otro de los puntos que se quedaron en letra muerta fue la aplicación de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, en donde en el Artículo 34 establece que el Gobierno Estatal, a través del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), promovería el otorgamiento de pensiones a favor de este sector y de quien se encuentre en condiciones de pobreza extrema, lo que calificó como una farsa porque no ha ocurrido.

Dijo que lo terrible del problema es que este sector, no beneficiario de los sistemas de Seguridad Social o de programas asistenciales de la Federación o del Estado, está obligado a comprobar su pobreza extrema, para recibir los apoyos.

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