El próximo 31 de marzo se cumplirán 15 años del arribo de aquella motocicleta que iba de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y llevaba la iniciativa del presidente Zedillo con la que pretendía legalizar la enorme deuda contraída por su gobierno a espaldas del Congreso y violando la  Constitución para rescatar a los bancos mediante el Fobaproa. En un artículo transitorio pedía convertir 552 mil millones de pesos de pérdidas privadas en deuda federal. El rescate bancario provocó un debate nacional que se convirtió en la primera gran lucha por la transparencia en nuestro país. Al amparo del secreto bancario se cometieron múltiples irregularidades, abusos y fraudes que se reflejaron en la deuda nacional y que sólo pudieron ser descubiertos por la auditoría ordenada por los diputados.

Quince años después parece que estamos condenados a repetir la misma historia. Los escándalos registrados en los últimos meses por las deudas de algunos estados y municipios del país han puesto al descubierto la opacidad con la que operan las contrataciones de estos financiamientos. Protegidos por el secreto bancario, los contratos no son públicos, por lo tanto, las condiciones bajo las cuales se compromete la deuda tampoco.

Es decir, el contribuyente no puede conocer las decisiones que ha tomado su empleado-gobierno con sus impuestos. El secreto bancario, cuyo origen es proteger la información financiera de los clientes de la banca para salvaguardar su patrimonio, aquí actúa justo en sentido contrario. La deuda pública es tratada como deuda privada para no informar. Esta falta de transparencia es la que ha permitido los excesos. En la discreción se deciden bancos ganadores, tasas de interés, plazos, comisiones, garantías, pagos a calificadoras, estructuradores, abogados y hasta se comprometen los ingresos de las futuras generaciones. Todo, por supuesto, con cargo a los bolsillos de los contribuyentes, esos que, como en el Fobaproa, deben pagar sin preguntar.

Para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no existe el artículo sexto de la Constitución. Se ha optado por proteger a unos cuantos bancos y funcionarios públicos en lugar de atender el principio constitucional de que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes”. En este caso, nada favorecería más al interés público que la deuda pública sea pública.

En defensa de este principio y ante la negativa de la CNBV, la semana pasada un grupo de senadores pedimos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) —que como su nombre lo dice es la institución encargada de proteger y defender a los usuarios de la banca—, que nos informe de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de las comisiones y tasas de interés que han cobrado los bancos a los estados y municipios que les han contratado créditos. Esta misma ley le da facultades regulatorias al Banco de México en materia de tasas de interés, comisiones, pagos anticipados y demás operaciones de los bancos con sus clientes. El Banco ha fijado algunos principios que las comisiones deben cumplir, como el de que sean “claras y transparentes” y que “no obstaculicen la competencia”. Por ello también se ha recurrido a esta institución para tratar de obtener lo que la CNBV esconde.

La transparencia en todas las operaciones de deuda pública local provocaría que se formara un mercado competitivo de deuda, donde se asignaran recursos de manera eficiente, se evaluaran riesgos a tiempo y disminuyera el costo de los créditos. De 1998 a la fecha, miles de millones de pesos han sido destinados al rescate bancario y cada año en el presupuesto hay una partida especial para pagar los intereses de una deuda que perseguirá por lo menos a otra generación. No debemos cometer los mismos errores. A quince años del Fobaproa, hay que propinarle una nueva derrota al secreto bancario.