Agoniza el sexenio Duartista, pero no se acaban los negocios a costa del pueblo. Los pillos que manejan dependencias públicas están haciendo el famoso “Año de Hidalgo”, y uno de los ejemplos más evidentes se dio esta semana en el municipio de Tomatlán, donde los habitantes se quedaron sin el servicio de agua potable durante varios días, como revancha por mantener una ‘huelga de pagos’ en repudio al incremento desmedido en las tarifas por el consumo doméstico y comercial.
Sin previo aviso, la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), cortó el suministro del líquido desde el martes, afectando a ocho mil lugareños. El agua fue reconectada un día después, la tarde del miércoles, pero sólo durante unas cuantas horas, porque ayer jueves de nueva cuenta fue suspendido el servicio. El argumento de la oficina local de CAEV es un supuesto desperfecto en el ducto de suministro, pero en realidad se trata de una medida de presión, para obligar a los pobladores a pagar los recibos, que tienen alzas superiores al 300 por ciento.
El negocio que realizan con el agua es descarado. Hay familias que recibieron recibos hasta por 60 mil pesos, por lo que al menos mil habitantes iniciaron un movimiento de resistencia contra los abusos de CAEV y se declararon en suspensión de pago. En varias ocasiones han realizado manifestaciones frente a las oficinas de la dependencia y diligencias con autoridades de la ciudad de Xalapa. A finales de agosto pasado, lograron un acuerdo con el organismo para fijar una tarifa estándar, pero éste no fue respetado.
Ahora, para presionarlos a que acepten esos pagos abusivos se suspendió el servicio del agua potable, afectando la vida cotidiana de miles de personas. A esto se suma el maltrato que reciben de parte del personal que atiende la oficina local de CAEV, cada vez que acuden a realizar alguna gestión, pues los empleados se muestran groseros e intransigentes con los usuarios, pese a que son ellos los que pagan sus sueldos. Mal asunto porque los empleados son personas de la misma población y agreden a su misma gente.
Sin embargo, el problema no son los empleados locales sino la corrupción a nivel Estatal. Todos saben que la CAEV es controlada por uno de los personajes más corruptos de la ‘fidelidad’ y quien hace todo lo posible por exprimir a los usuarios antes de que concluya el Gobierno priista. Se trata del toluqueño Jorge Carvallo Delfín, diputado federal por San Andrés Tuxtla, y uno de los testaferros del impresentable Gobernador con licencia.
El incremento de tarifas, superior al 300 por ciento, y la represión contra los usuarios que se niegan a pagar, son parte del mecanismo para recaudar el mayor dinero posible y llevárselo antes de que arribe el nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, a poner orden en la Administración Estatal. Todas las oficinas municipales y regionales de la CAEV se convirtieron en “cajas chicas” de Carvallo y la corrupción es tanta, que hace algunos días el director del organismo, Eduardo Vega Yunes –sobrino del Gobernador Electo-, presentó su renuncia por el temor de que, al revisar las cuentas y comprobar las irregularidades, vaya a ser denunciado penalmente.
Por cierto, en el caso de Tomatlán ni el Alcalde rojiazul –por eso de que es panista de nombre y priista de corazón- Daniel Reyes Prado, ni la diputada electa del blanquiazul, Teresita Zuccolotto, originaria de ese lugar –y allegada al exdiputado federal, Víctor Serralde, o como se llame en realidad ese señor- han intervenido a favor de los lugareños afectados. Ninguno quiere asumir su papel de representante popular. Tan malo el pinto con la colorada –o azulada-.
El edil Reyes Prado no se molesta en intervenir a favor de los afectados, aún cuando el mismo Ayuntamiento se vio beneficiado con la condonación de un adeudo por 50 mil pesos a la CAEV, facilitado por el exadministrador local, Fermín Hernández Nieves. Se trató de un acuerdo demasiado extraño, pues dicha condonación le costó el cargo a Hernández Nieves.
La sospecha se impone: ¿Quién salió beneficiado o sacó raja de ese asunto? ¿Será por eso que el alcalde Reyes no interviene a favor de los otros usuarios afectados? Habrá que revisar los estados contables del Ayuntamiento, para verificar si la condonación no fue reportada como deuda pagada con el dinero de los tomatlenses y se trató de un ‘chanchullo’ más para que esos 50 mil pesos fueran a parar al bolsillo de los involucrados.
LOS 10
MAGNÍFICOS
Mañana sábado inicia la 64 Legislatura Estatal y se inaugura una etapa histórica en el quehacer parlamentario de Veracruz. Ya se ha dicho que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tendrá mayoría, ni simple ni calificada, en el Congreso Local, pero tampoco la tendrán las demás fuerzas políticas. El tricolor junto con sus aliados del PVEM –con tres curules- y Panal -con una curul- tendrán 16 escaños, mientras que la alianza PAN-PRD contará con 21 curules y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contará con 13 diputaciones – ocho ganadas en distritos y cinco plurinominales.
No obstante, los votos de Morena, PAN y PRD, son suficientes para lograr una mayoría calificada de 34 sufragios y con ella modificaciones a la Constitución, y también emprender acciones de fiscalización contra los exfuncionarios de las últimas dos administraciones. La ceremonia de instalación de la 64 Legislatura, prevista para la mañana del sábado, no sólo será un acto protocolario, sino que los nuevos diputados podrían quedarse todo el día trabajando en temas urgentes.
De entrada, se iniciaría el proceso para dar marcha atrás a varias iniciativas y decretos aprobados de última hora por la 63 Legislatura, con el fin de blindar a los funcionarios salientes y mantener los negocios transexenales.
Claro, entre los asuntos que se deberán atender en la primera sesión está la distribución de cargos directivos y comisiones, para lo cual ya hay negociaciones avanzadas. Lo que hasta ahora se maneja es que la presidenta de la mesa directiva sería la panista María Elisa Manterola Sáinz, ligada a uno consorcio radiofónico en la región de Martínez de la Torre, y avalada por el gobernador electo Yunes Linares.
Por ser la bancada con mayor número de Diputados, Acción Nacional presidirá la mesa directiva durante el primer año, y también estará al frente de la Junta de Coordinación Política –la que maneja la agenda y el presupuesto- que será presidida por el xalapeño Sergio Hernández, también coordinador de la bancada albiazul.
También es inédito que la zona Centro contará con 10 legisladores tanto electos en las urnas como de representación proporcional. Es un récord histórico pues en la Legislatura pasada sólo se tuvieron cuatro diputados en la región, y Córdoba encabeza la lista con cuatro parlamentarios en un mismo Distrito: los priistas Juan Manuel del Castillo, ganador de la elección distrital y Janeth García Cruz, líder local de Antorcha Campesina, quien llegará por la vía plurinominal.
Por ese mismo esquema de representación proporcional será diputado el expanista Gerardo Buganza Salmerón, postulado por el PVEM, mientras que el activista magisterial Zenyasen Escobar García, nominado por Morena, también será diputado plurinominal. En el Distrito de Huatusco se tendrán dos legisladores, los panistas Hugo González Saavedra –por la vía uninominal- y Teresita Zuccolotto –vía plurinominal-. Por Orizaba y Camerino Z. Mendoza serán diputados Rogelio Rodríguez Garcés y Nicolás de la Cruz, ambos por Morena.
En tanto, en Zongolica la representante será la panista Dulce María García López y el exalcalde de Ciudad Méndoza, Sergio Rodríguez Cortés, será diputado plurinominal por el PRD. En resumen, la zona Centro es opositora en su representación legislativa, pues sólo tres de los 10 diputados están ligados al tricolor y a la ‘fidelidad’. A ver si ahora esos 10 magníficos desquitan el sueldo que recibirán y hacen algo por sus distritos y municipios, no como los legisladores salientes.
Y el asunto se pone más interesante porque la opinión pública estará pendiente de tres diputados en particular, dos de ellos cordobeses, para ver si llegan a rendir protesta como tales. Lo anterior, porque se desempeñaron como funcionarios estatales y se les involucra en el desfalco financiero. Uno es el cordobés Juan Manuel del Castillo, exsubsecretario de Finanzas, quien junto con Vicente Benítez, extesorero estatal y diputado electo por San Andrés Tuxtla –por el PANAL- fueron los que en realidad manejaron las entradas y salidas de dinero en Sefiplan –durante un tiempo, junto con otro cordobés José Antonio Mansur-.
Ellos son los que trataron de engañar a la Auditoría Superior de la Federación con las famosas cuentas bancarias llamadas “licuadoras”, los que construyeron el andamiaje para asegurar los pagos a las empresas fantasma y que efectuaron los otros ‘chanchullos’ para robarse más de 35 mil millones de pesos, dejando desmantelados los servicios de Salud, educativos, de combate a la pobreza y demás.
En los últimos días se ha hablado poco de ambos legisladores porque éstos bajaron su perfil al máximo. Algunos dicen que están escondidos en la Ciudad de México y otros que en el extranjero, sólo esperando a que llegue el sábado para acudir estrepitosamente a Xalapa a rendir protesta, y obtener el añorado fuero Constitucional. Los dos están rezando para que no se expidan órdenes de captura en las horas siguientes y puedan sentarse en la curul. Por supuesto, el juicio de desafuero es su destino inminente y por eso, sus suplentes saltan de contentos porque ellos serán los que se queden con las curules.
La leyenda también cuenta que Benítez y Del Castillo, además del diputado federal y exvocero del Gobierno Estatal, Alberto Silva Ramos, son de los escasos personajes con los que el escapista Javier Duarte, todavía mantiene comunicación o al menos están enterados de su ruta de escape y posible alojamiento. De ahí que si la PGR los cita a declarar, bien podría obtener información de primera mano para atrapar al cordobés. Claro, suponiendo, inocentemente, que la PGR ignora su paradero.
La tercera incógnita es por el caso de Gerardo Buganza, quien enfrenta investigaciones judiciales por su desempeño como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Tanto es el temor de ser detenido, que el pasado 19 de octubre cuando el OPLE entregó las constancias a los legisladores electos por la vía plurinominal, no acudió a recogerla y en su lugar envió al suplente, José Luis Enríquez Ambell, de quien se rumora será el que rinda protesta el próximo sábado, pues Buganza emprenderá la huida. Ya se verá.
POR: Andrés Timoteo
