Hace ya varias semanas que estos grupos han acaparado la atención mediática y producido diversas posiciones entre respetados analistas que con mayor o menor profundidad han estudiado el tema y alcanzado diferentes conclusiones.
Uno de los elementos que mayor interés despierta es su origen, y desde luego, su vinculación al complejo problema de seguridad en nuestro país. Es innegable que existen muchos casos en los que una comunidad se halla amenazada por los delincuentes, y al mismo tiempo, por otro factor que tiene que ver; o con la incompetencia de las autoridades, o con temas de corrupción entre quienes deben velar por la seguridad pública y/o la procuración de justicia, o con la ineficacia, o una combinación de todas las anteriores.
Lo cierto es que ante la falta de resultados, en varios lugares del territorio nacional la participación de los ciudadanos ha elegido el camino de la autodefensa —y a la misma vez optado por asumir los costos y riesgos que una alternativa de esta naturaleza conlleva—, en uno de los típicos eventos en los que la solución del problema puede generar otro de la misma dimensión y alcance. En situaciones como esta, hay que tener especial cuidado de que la solución no añada más dificultades al lío que la realidad ha ido conformando y que es preciso resolver de fondo.
Este tema habrá de resolverse caso por caso y atendiendo a sus orígenes y evolución propias. Porque aunque parezcan iguales, son todos distintos; empezando por el hecho de que corresponde originalmente a las autoridades locales; es decir, a las municipales y estatales, su debida atención y a que cada caso tiene que ver con las circunstancias propias de cada comunidad y al tipo de organización ciudadana a la que cada cual responda. En todo caso, la participación del gobierno federal será decidida, y su apoyo a las autoridades locales abonará en la solución del conflicto y no en complicarlo. Es comprensible la legítima aspiración de las personas para vivir en un entorno seguro; es lamentable que los gobiernos no hayan podido hacer frente a sus reclamos; y es imperativo la solución de un problema que no admite más trámite que su remedio definitivo.
La solución inicia con el análisis diligente de cada caso, con la identificación inmediata de sus componentes más destacados y la intervención oportuna del diálogo. Cuando los ánimos están crispados, nada como el entendimiento y la cordura para lograr que las cosas tomen de nuevo su lugar. Desde luego, hay que garantizar la seguridad de estas comunidades, recuperar con resultados la confianza perdida y hacer valer el principio de autoridad y el estado de derecho, pero también hay que hacer política y dialogar para encauzar la participación de los ciudadanos hacia espacios más adecuados y reconstruir eficaz y rápidamente el tejido institucional que ha sido desgarrado por los delincuentes, la omisión de los gobiernos y el abandono de quien tuvo que hacer y ejercer la autoridad a su debido tiempo. No se puede aspirar a lograr hoy por la fuerza lo que no se supo hacer ayer con autoridad. El estado de derecho ha partido siempre del principio de autoridad. No se nos puede olvidar que ese fue el legítimo origen de los constituyentes revolucionarios del 17. El peligro, en casos como este, es caer en alguno de los extremos, ya sea en tentaciones de un “deber ser” emparentado con el autoritarismo, o en seductores cantos de la “regularización” del status quo entonados por las sirenas de la demagogia.
El Estado de derecho tiene dos reclamos que se deben atender de manera simultánea y urgente: que los gobiernos garanticen la seguridad de las comunidades y que los ciudadanos cumplan la ley. Ambas demandan la acción de la prudencia, el diálogo, la sensatez y la autoridad. Tal cual lo señaló el secretario de Gobernación: el gobierno federal trabaja con los gobiernos locales para lograr que estas guardias desaparezcan y que cada quien regrese al lugar que la ley les ordena.
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Subsecretario de Normatividad de Medios, Segob
