En diversas ocasiones, nos hemos preguntado el por qué las corporaciones policíacas no hacen uso inmediato de las imágenes que seguramente quedan grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona urbana, en casas particulares, en negocios y oficinas, para sus investigaciones sobre robos, asesinatos, asaltos y demás delitos que se cometen en nuestra ciudad.
Al respecto, es conveniente aclarar que el sistema de vigilancia en el que operan esas cámaras, no es coordinado ni utilizado directamente por la Fiscalía del Estado, sino por la Secretaría de Seguridad Pública. Son dependencias distintas, con diferente mando y diferentes protocolos.
La mayor coordinación de vigilancia de la ciudad y el patrimonio de los cordobeses, atañe a la SSP, y ésta concentra la información que se obtiene de las cámaras en el punto conocido como C4. Cuando un evento violento sucede, robo, asesinato, etc., la Fiscalía tienen que solicitar a la SSP que se le proporcione la información y el contenido de los videos, si es que se presume que las acciones delincuenciales pudieron haber quedado grabadas en video, por alguna cámara de vigilancia.
Al respecto, fuentes de la Fiscalía veracruzana, de las que nos reservamos su identidad, nos han confirmado que por parte de las agencias del Ministerio Público se solicitan de inmediato tanto los videos como cualquier información que la SSP pudiera tener para avanzar en las investigaciones o tratar de identificar a los culpables de los delitos.
Sin embargo, afirman nuestras fuentes, en la mayoría de los casos la información o no se proporciona, o tarda semanas y hasta meses en que les sean entregados. Y lo anterior, suponiendo que las cámaras ubicadas cerca de los puntos en donde se genera el delito, estén funcionando, pues es común que se encuentren fuera de servicio por diversas razones.
Nos dicen también que en todas las reuniones de Blindaje Córdoba y las que las autoridades de la Fiscalía sostienen con organizaciones ciudadanas como el Observatorio, se insiste en que la SSP arregle las cámaras descompuestas, que adquiera nuevas para instalar en zonas y lugares estratégicos, y que mejoren la tecnología que usan, para que se definan bien las tomas.
Por otro lado, se ha insistido también en que es necesario modificar los trámites que se requieren para la solicitud y entrega de imágenes e información por parte de la SSP a la Fiscalía, pues cuando efectivamente el C4 capta alguna toma que pudiera servir en las investigaciones, se requiere autorización del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en Xalapa, mientras que los ministerios públicos requieren de inmediatez en la respuesta.
Es obligación del C4 de que en el momento que capte con sus cámaras un hecho delictivo debe comunicar a todas las corporaciones, pero esto no sucede, lo que se traduce en rezago en las investigaciones, y pérdida de información importante y oportuna para poder identificar y localizar a los delincuentes.
Hacemos votos para que las corporaciones que están al servicio de la seguridad y la justicia de los cordobeses se pongan de acuerdo, mejoren sus relaciones de trabajo, y eficienten sus recursos compartiéndolos con inmediatez y eficacia, en beneficio
de todos.
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