En el contexto de un gobierno determinado a sacar adelante sus proyectos, llaman la atención las omisiones que se perciben en materia de seguridad. Se puede entender que se cuide que el tema no abrume la agenda como lo hizo en la administración anterior. Pero tampoco, se puede proceder como si el problema no existiera. Porque la violencia sigue siendo intensa, sobre todo en algunas regiones del país, y porque muchas de las causas de nuestra descomposición institucional y social no cambiaron con la transición de gobierno. Por eso creo que este gobierno no debe jugársela sólo administrando la información y la exposición de los mexicanos al tema. Más bien, creo que debe jugársela con la transformación del modelo, hacerlo público y sumarnos en el proceso. Hay riesgo pero vale la pena.
Modelos para atacar la violencia e inseguridad puede haber muchos. Me ha tocado escuchar a quienes opinan que un modelo de presencia policial casi ubicua es una opción. Se utiliza al Distrito Federal como ejemplo, ya que sólo por su número de policías en activo (casi mil por cada cien mil habitantes, un número que más que duplica el promedio internacional) tiene capacidad de disuasión del crimen. Pero habría que estudiar con más cuidado el caso, porque la explicación no es lineal ni de una sola variable. Ni tampoco creo que queramos tener tantos policías como habitantes en el país. El tema es más complejo y profundo que el descifrar el factor multiplicador ideal de la presencia coercitiva del Estado en la sociedad.
Desde mi punto de vista el modelo que debemos perseguir debe ser más integral y sustentable en el largo plazo y generar las vacunas contra el crimen y la violación a la ley. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de comunidades seguras, que tienen capacidad de autorregularse.
Científicos sociales y antropólogos han definido bien el concepto y establecido algunas condiciones esenciales para hacerlas posibles. Yo las entiendo como el espacio de interacción y convivencia en el que se generan oportunidades de desarrollo para las personas, al tiempo en que existen mecanismos para dirimir conflictos y controversias.
Sólo construyendo estos espacios es que podemos aspirar a condiciones de paz duraderas para el país. Enfocar las políticas de seguridad tras estos objetivos me parece que constituiría un cambio de paradigma real. Lo otro sería más de lo mismo, aderezado de una u otra política más.
Si miramos a nuestro entorno, los lugares del país que han logrado construir ciertas capacidades están inmunes al crimen o lo mantienen bastante a raya. Otras han logrado salir de situaciones de crisis porque han encontrado una conjunción de factores que las fortalecen frente a la violencia. Juárez y Tijuana son los ejemplos más sobresalientes de lo anterior.
La nueva política de seguridad debería entonces de estar enfocada a la construcción de estas capacidades a nivel estatal y local. Se trata de un esfuerzo de construcción de Estado ahí donde es muy débil.
Si damos validez a lo anterior, la estrategia de seguridad tendría que tener un componente importante dirigido a fortalecer estas capacidades locales, no a pretender sustituirlas.
Lograr que en el ámbito de la seguridad y la justicia se avancen modelos que permitan profesionalizar y fortalecer a sus instituciones, pero también generar condiciones para permitir políticas sociales y de prevención exitosas desde lo local. Este sería un verdadero cambio de paradigma. El resto, un acomodo a lo que conocemos.
Los componentes de la estrategia de seguridad anunciados por esta administración en realidad no parecen tener innovación. Corren en la misma lógica que las implantadas en la administración anterior.
En estos primeros meses de gobierno, las fuerzas federales se han hecho presentes ahí donde el crimen ha escalado (no hay de otra) y el programa de prevención que se confecciona parece que no trastoca la lógica vertical que prevalece en los programas federalizados. Se han constituido comisiones en cada estado, cierto, pero no se diseñan mecanismos ni reformas que permitan fortalecer la unidad de gobierno que debería estar capacitada para afrontar la delincuencia pero también construir la paz.
En materia de transformación institucional, la agenda está perdida. No hay proyecto de reforma policial en curso, no hay un especial énfasis en la promoción de la reforma penal ni la construcción de una nueva política penitenciaria. ¿Dónde está el cambio de paradigma anunciado?
Quizás apenas diseñándose. Ojalá conciba a lo local como el eje que lo oriente y se proponga construir capacidades de Estado ahí donde están ausentes. Esto nos podría cambiar para siempre.
