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Reivindicando la rectoría del Estado

Superiberia

En 2012 dos políticos jóvenes recibieron de sus electores mandatos para gobernar la nación y la capital de la república. Ambos reconocieron la legitimidad del otro, y ya han comenzado a trabajar de común acuerdo en sus esferas de competencia. Llegaron convencidos de que no se puede tapar el sol con un dedo, ni borrar por capricho de nadie la existencia del otro. Ambos dispuestos a velar por el bien de la nación. Así funcionan las democracias sin descalificaciones.

En la escala federal presenciamos una alternancia de libro de texto, en la cual los presidentes entrante y saliente se reunieron con sus equipos una docena de veces para planear la entrega del poder; sin estridencias ni exageraciones, y sin posturas teatrales. Una nueva forma de hacer política.

En la fecha marcada por la Constitución los dos presidentes se encontraron en San Lázaro, donde Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, y Felipe Calderón besó con nostalgia la banda presidencial antes de entregarla al nuevo Presidente.

Afuera del recinto legislativo, vándalos encaminados por quienes hoy esconden la mano intentaban llevarse como premio de consolación la destrucción de la ciudad. Su propósito declarado era “reventar” la toma de posesión del nuevo Presidente.

Al día siguiente de la toma de posesión Peña Nieto sorprendió a todos logrando la firma del Pacto por México (Pacto) por los tres principales partidos políticos. PRI, PAN y PRD iniciaron así lo que promete ser un México concentrado en el crecimiento y no en la violencia; un México de encuentros y coincidencias donde prevalezcan la ley y el sentido común. Por primera vez en seis años los periódicos dejaron de lado el terror y la violencia, y fueron desapareciendo de sus páginas asesinatos y secuestros.

Reconociendo que los poderes fácticos retan frecuentemente al Estado, y en ocasiones constituyen un obstáculo para el cumplimiento de sus funciones, el Pacto estableció de entrada el propósito del nuevo Presidente: “someter (con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad) los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”. En otras palabras, reivindicar la rectoría del Estado, secuestrada por televisoras, empresarios y líderes vitalicios, y en el sexenio anterior amenazada por agencias del gobierno americano, que pretendían extender los alcances de la Iniciativa Mérida.

Una incipiente “rectoría del Estado” surgió con la Constitución de 1917, cuando el Constituyente le otorgó al Estado el control de los recursos naturales. Eso llegó a su punto culminante con la expropiación petrolera de 1938, que sirvió de base para el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas. Al reducir la dependencia del exterior Cárdenas le dio al Estado mexicano un sentimiento de orgullo, una posición de liderazgo en América Latina y una base sólida para el despegue de la industria nacional. En 1983 Miguel de la Madrid elevó la rectoría a principio constitucional, encomendándole al Estado “la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la economía”.

Todo se borró con el tiempo y con la excusa de la globalización. La soberanía se puso en juego con el tema de las drogas, y empresarios nacionales y extranjeros comenzaron a disputarle al Estado el control económico (Esto lo explican con detalle Rolando Cordera y Carlos Tello en México: la disputa por la nación).

Hoy un Estado mexicano debilitado por la crisis mundial está bajo el asedio de monopolios, empresarios más poderosos que el Estado, líderes vitalicios, y durante el último sexenio los cárteles de la droga, que han pretendido instalar un Estado paralelo para retar al Estado mexicano. Por eso las reformas estructurales propuestas por el Pacto, con el consenso de una oposición responsable, se han convertido en lo que muchos reconocemos como nuestra última oportunidad.

http://jorgecamil.com

Analista político

 

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