El 17 de febrero de 1940 apareció, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un “Reglamento Federal de Toxicomanía” que, en los hechos, legalizaba el consumo de drogas en México. Marihuana, cocaína, opio y morfina quedaban dentro del nuevo reglamento, y se definía el papel del Estado como el responsable de la producción, distribución y venta de los productos mencionados.  Al tomar esta decisión, el Estado mexicano proponía que el asunto de las drogas debiera asumirse en dos vertientes. Por un lado, considerar su uso y consumo como un problema de salud pública y no de carácter policiaco. Pero, por otro lado, planteaba que el Estado era incapaz de frenar a los cárteles de la droga que operaban en el país, puesto que su capacidad de corrupción de funcionarios era mucho mayor que la capacidad del Estado por detenerlos.  El Estado partía de que no era capaz de frenar el tráfico de estupefacientes y, por tanto, replanteó conceptualmente el problema: de policiaco lo hizo uno de salud pública.

El Estado, por tanto, daría tratamiento a los consumidores a través de la Secretaría de Salubridad, vendiéndoles droga en cantidades suficientes para ayudar a su eventual abandono de la adicción. La idea subyacente era que el Estado sería el distribuidor de droga, de forma controlada, y no los narcotraficantes.

El 3 de julio de 1940, seis meses después, el DOF publicó un decreto que dejaba sin efecto el Reglamento publicado en febrero de ese mismo año.  Eran los últimos meses de la presidencia de Lázaro Cárdenas (terminó el último día de noviembre) y los acontecimientos ocurrían con una velocidad vertiginosa.  La negociación internacional en torno a la indemnización a empresas petroleras inglesas y estadunidenses seguía estancada y producía un ambiente de graves conflictos entre México y esos países.  Empezó la Segunda Guerra Mundial, Franco se había apoderado de España y Stalin mandó asesinar a Trotsky en Coyoacán. La economía mundial se trastornó con la guerra y este hecho afectó a México. El espacio creado por este conflicto también le abrió las puertas a un modelo de sustitución de importaciones. Pero el momento político y económico era delicado para el país.

Washington declaró su oposición total a la medida que legalizaba las drogas en nuestro país. Los cárteles que operaban en México eran comandados por mafiosos estadunidenses, cada uno de ellos buscado por las autoridades de su país de origen. Así que la aceptación y/o resignación de facto de las autoridades mexicanas a la presencia de delincuentes extranjeros en territorio nacional era vista como un acto hostil por el gobierno estadunidense. Las presiones iniciaron desde el ámbito político, primero, y comercial, después.  Y obviamente tuvieron el efecto deseado por Estados Unidos. La revocación del Reglamento fue una victoria diplomática de Washington, aún resentido por la expropiación petrolera.

Hoy en día el gobierno de Uruguay está planteando algo parecido a lo que hizo, en su momento, el del general Cárdenas. Y muchas voces se alzan, planteando la necesidad de discutir y evaluar la mejor ruta para enfrentar el problema de la amenaza combinada de seguridad nacional, seguridad pública y salud pública. La gran diferencia entre los acontecimientos de hace 82 años y la actualidad es cualitativa. Mientras en la era cardenista el Estado tomaba decisiones después de algunas consultas privadas, hoy la sociedad en general exige ser parte del proceso decisorio.  Sería imposible legislar hoy sobre la legalización, o no, de las drogas sin una consulta masiva a la ciudadanía, pasando, incluso, por algún tipo de voto aprobatorio o negatorio. En Uruguay la opinión pública está dividida en torno a este asunto, lo que explica la razón de la demora en la toma de alguna decisión por parte de los legisladores de ese país. En México, y ante la necesaria discusión pública sobre las drogas, la ciudadanía debe ser plenamente integrada al debate.

 

 *Especialista en análisis político

  ricardopascoe@hotmail.com