Por Andrés Timoteo  /  columnista

La investigación científica debe tener usos prácticos y uno de ellos es ayudar a resolver problemas de la sociedad. La mayoría de las instituciones de Gobierno en el mundo moderno se respaldan en la producción de investigadores y la reflexión de los pensadores para diseñar políticas públicas. México y Veracruz no deberían ser la excepción, pero en los últimos años, y en especial en el presente sexenio, se ha despreciado a la academia como fuente para los planes y estrategias gubernamentales.

En la revisión de los planes Nacional de Desarrollo (PND) y Veracruzano de Desarrollo (PVD) se puede constatar lo anterior pues más que hojas de ruta técnica, sustentadas en análisis serios, programables a plazos y medibles en sus resultados, son manifiestos ideológicos muy parecidos a los discursos de campaña electoral. Sobre todo, hay una falta de rigurosidad programática y verdadera política pública en el rubro de seguridad.

Lo anterior viene al caso por el reciente artículo del catedrático de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, publicado en el diario El País en el que habla sobre la violencia en Veracruz, partiendo de caso de Minatitlán a donde fue enviada la Guardia Nacional de manera anticipada tras la masacre de 13 personas el 19 de abril. Olvera anticipa que será muy difícil que la Guardia Nacional tenga éxito en el sur de Veracruz y en otras regiones del país debido a la estrategia centralista.

La misma está montada desde el altiplano sin considerar el conocimiento de cada zona, sus particularidades, su geografía y sobre todo la diáspora del crimen después de la fragmentación de los cárteles de la droga. Ahora, son “clanes locales” que deben combatirse con estrategias locales, enfocadas in situ y con labores de inteligencia local.

“Los antiguos carteles han tendido a fragmentarse en múltiples células débilmente articuladas entre sí. De ser grupos con cierta permanencia organizacional, han pasado a ser bandas locales cambiantes, articuladas en torno a clanes o familias extensas. Por ello tienen una base social local. Por consiguiente, el combate a la criminalidad se ha tornado un asunto de inteligencia local y presencia policíaca cercana a la ciudadanía.

Este tipo de delincuencia solo puede ser combatido con una política integral que en la parte policíaca se funde en policías locales profesionales conocedoras del territorio y de sus habitantes, que cuente con la confianza de los ciudadanos y tenga un espíritu de cuerpo que le permita superar las amenazas y agresiones de los delincuentes”, indica.

Y agrega que, si bien los ‘operativos’ importantes deberían corresponder a la Guardia Nacional y la policía estatal, “la investigación y ubicación de objetivos le corresponde a quien conoce el terreno”. La reflexión del investigador debería ser considerada por quienes ocupan los cargos de gobierno, pues no se puede combatir al crimen organizado con instituciones precarias y centralistas ni con la carencia de labores de inteligencia local, las policías municipales, el conocimiento del terreno y de los clanes locales de la delincuencia. La advertencia y el consejo están dados.