Por Andrés Timoteo   /  columnista

UN TIPO CON SUERTE

No hay duda de que el cordobés Juan Antonio Nemi Dib es un tipo con suerte, pues ha sobrevivido a seis gobernadores que lo sostuvieron en la nómina pública, desde Fernando Gutiérrez Barrios hasta Javier Duarte de Ochoa, y va por el séptimo. Únicamente no pudo con el panista Miguel Ángel Yunes Linares quien le imputó delitos y lo encarceló desde 23 de diciembre del 2017. Pasó casi un año en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, luego de ser detenido en Puebla donde había huido.

En septiembre del 2018 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y ayer un juez lo declaró inocente, desvinculándolo del proceso judicial y le dictó su libertad. Nemi estaba acusado de ser parte de la red de saqueadores en el sexenio de Duarte de Ochoa y permitir una adjudicación ilegal a la empresa “Gran Marca Proyectos S. A. de C. V.” para la construcción de la llamada Torre Pediátrica, hoy renombrada Hospital Infantil de Veracruz y donde se habrían desviado 186 millones de pesos con el consentimiento del cordobés, cuando se desempeñaba como secretario de Salud en el Estado.

Además, también habría aportado información para sustentar el proceso judicial contra Karime Macías, esposa de Duarte, quien fue presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del cual el cordobés fue director en el primer tramo del sexenio duartista. El propio Duarte, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ha aludido a Nemi Dib en sus pronunciamientos mediáticos para defender a su cónyuge que continúa prófuga en Londres, Inglaterra.

En una audiencia judicial celebrada ayer en Pacho Viejo, el juez hizo valedero un amparo federal y lo exoneró. La duda es si se mantendrá como testigo de los saqueos financieros realizados por el exgobernador Duarte y su esposa Karime Macías, y contra otros exfuncionarios del duartismo. Por lo pronto, Nemi se paseó en una conocida cafetería xalapeña para encontrarse con la prensa y cantar su libertad.

Tipo con suerte, ya se dijo, pues ahora fue agraciado judicialmente por el nuevo régimen gubernamental y el actual gobernante estatal sería el séptimo al que sobrevive y que lo beneficia.

Juan Antonio Nemi Dib dice que fue un “preso político”, algo que no es cierto, ya que en realidad fue un político preso.

La otra mentira que dijo ayer a los periodistas es que “no tiene ni para pagar sus deudas”, pero en realidad es un hombre acaudalado que benefició con la nómina pública y los negocios al amparo del poder por más de cuatro décadas. Es, según se sabe, propietario de un complejo inmobiliario en Puebla.

El colmo es que, tras su exoneración ya hay elucubraciones sobre su futuro político inmediato – arropado por el nuevo régimen- porque algunos desocupados lo pronostican como un posible candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Córdoba para el 2021. Claro, son meras especulaciones porque el señor ni vive en la Ciudad de los Treinta Caballeros ni lo quieren los cordobeses. Además, estaría también combatiendo una enfermedad que lo aqueja.

DOS INFIERNOS

El Gobierno Estatal lidia con dos infiernos, uno político y otro físico. Éste último es el incendio forestal desatado, aún en pleno invierno, porque hasta dentro de ocho días inicia formalmente la primavera, en la zona boscosa de Las Vigas de Ramírez de la región serrana entre Perote y Xalapa, donde el fuego ha consumido más de 500 hectáreas de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La conflagración está activa desde el lunes pasado y sigue sin control. Apenas llevan un 85 por ciento sofocado debido a que las condiciones meteorológicas, las rachas de viento principalmente, contribuyen a la propagación de las llamas.  En el lugar se ha procedido a la evacuación de lugareños, la suspensión de clases y la cancelación de actividades paralelas. 

Dicho incendio no sólo devora bosques sino fauna y flora endémica y en peligro de extinción, de ahí lo lamentable del siniestro que habría sido provocado por una fogata descuidada posiblemente por los campistas del lugar. Este siniestro es el primer gran reto en materia de salvaguarda y atención a desastres que enfrenta el Gobierno de Veracruz y también será la caladura para la tlaxcalteca Guadalupe Osorno Maldonado, titular de la Secretaría de Protección Civil, una antropóloga social con maestría en literatura y nada de experiencia en el ramo que hoy atiende.

 Las consecuencias de esa falta de preparación ya se conocen. No hay que olvidar que Osorno Maldonado en su primer comunicado oficial por el desbordamiento de ríos en Los Tuxtlas, el 7 de diciembre, ubicó a Tehuacán (Puebla) como un municipio de Veracruz y a Tehuipango, localizado en la Sierra de Zongolica, como afectado en la región tuxtleca. Ya se verá si las llamas de la ignorancia la devoran a ella.

 El segundo infierno es en el Sur de Veracruz y tiene que ver con el cierre de las válvulas en la presa Yuribia, que se ubica en Tatahuicapan y abastece a la conurbación de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque. Los ejidatarios del lugar exigen que se restaure el pago mensual de 2.5 millones de pesos que se fijó en el Gobierno de Javier Duarte, pero que fue suspendido durante el bienio de Yunes Linares.

 Ya van cinco días de la interrupción del vital fluido y hay caos sanitario en esas ciudades sureñas pues el abasto a través de carros cisterna no es suficiente. Los ejidatarios no han cedido y las negociaciones del Gobierno Estatal tampoco han dado resultado. Allí las llamas son políticas y de color marrón pues detrás del cierre de la presa hay activistas de Morena.

 Recuerden que la exdiputada local, Rocío Pérez, actual secretaria estatal de Medio Ambiente fue acusada en su momento de organizar junto con los lugareños el cierre de dicha presa para obtener beneficios económicos que sirvieron al partido Morena. A través de ellos, Duarte de Ochoa habría entregado unos 60 millones de pesos en los últimos años de su Gobierno en base a un convenio para no obstruir las válvulas.

 Con Yunes Linares no pudieron mantener ese acuerdo, porque amenazó con enviarlos a prisión, pero ahora con un Gobierno surgido de Morena volvieron al ataque. Así, son morenistas contra morenistas. ¿Cuál será la solución?, ¿Enviarles la policía a desalojarlos o tolerar la crisis de agua potable porque la Cuarta Transformación prometió no usar la fuerza pública para reprimir al pueblo? El infierno del sur es un dilema también para el nuevo Gobierno.