Lo que antes era “la estrategia de combate al crimen organizado”, en este sexenio se ha convertido en un “bajo perfil” ante todo lo relacionado con las acciones para frenar la violencia, que ya no conoce de límites a la hora de las venganzas entre las mafias del narcotráfico y otros delitos afines, violencia que alcanza a la sociedad misma. Paradójicamente, con el anuncio de las autoridades tanto federales como estatales del inicio del “Operativo Semana Santa” llegó otro fin de semana con cifras crecientes en cuanto a muertes y ejecuciones en varias entidades del país.

Destaca, por la forma en que ocurrieron los hechos, lo sucedido la madrugada del sábado pasado en Uruapan, Michoacán, donde a un costado de la avenida Paseo Lázaro Cárdenas, una de las vialidades más importantes de la ciudad, fueron abandonados siete cuerpos y “acomodados” en sillas de plástico. Tuvieron que ser los propios automovilistas que circulaban en las primeras horas del amanecer por el rumbo quienes avisaron a la policía, que de inmediato se dio a la tarea de investigar lo ocurrido.

Quizá ya no en las primeras planas ni en los espacios principales de los noticiarios radiofónicos y televisivos se da cuenta de la violencia, pero el hecho es que cada fin de semana ya es “costumbre” informar de muertes y ejecuciones en aquellas zonas que muestran una severa descomposición social. Simplemente, hace diez días, el “fin de semana” violento de mediados de marzo contabilizaba 32 homicidios en diez entidades del país, y el de apenas hace dos días, 40 ejecutados, incluyendo nuevamente un alcalde.

Ello hace aventurado creer que “en un año” se va a solucionar un problema resultado de décadas de descomposición social, aunado a la falta de eficacia en las políticas para frenar a la delincuencia, muchas veces coludida con quienes deben combatirla, y al deterioro económico que ha provocado el agotamiento de un “modelo” que ya dio de sí y que hoy está caduco.

Porque el hecho de que hoy no se publicite el “despliegue” de “fuerzas especiales” a aquellas regiones donde no sólo no ha cesado la violencia, sino que donde hace unos meses no había y hoy se registran hechos que ponen en riesgo a la población, no quiere decir que el problema se está resolviendo. Pareciera que la nueva estrategia es la de “echar abajo del tapete” todo lo que ocurre y “distraer” la atención con el uso de la “política” y los acuerdos -que sin duda son necesarios- para abordar otros asuntos igual de prioritarios que la propia seguridad de los ciudadanos.

Y, además, apostarle a los programas sociales de “combate a la pobreza” para ver si así mejoran las condiciones sociales de la gente y se evita que las mafias del crimen organizado continúen con la cooptación de jóvenes, a quienes resulta más atractivo el “dinero fácil” que prepararse con tesón para conseguir un mejor futuro que saben que nunca llegará, por lo menos con el actual modelo económico del que han sido “víctimas” ellos, sus padres y sus abuelos.

A finales de enero, los partidos de oposición al PRI se mostraron preocupados por el cambio en la política de comunicación en materia de seguridad, que con el argumento de “no hacer apología de la violencia” busca limitar la difusión de cifras y datos que ilustran la radiografía de lo que está sucediendo a partir de la llegada del nuevo gobierno.

Es verdad que urgen programas que atiendan el grave rezago educativo o las reformas, como la de telecomunicaciones, la fiscal o la energética. Finalmente, el grado de descomposición que hemos vivido pasa necesariamente por la falta de acciones en esos rubros. Pero ello no garantiza que, por sí sola, esta situación que se agravó en el sexenio pasado vaya a desaparecer por decreto presidencial. Finalmente, la prueba está en que a pesar de la tan publicitada “estrategia” contra los criminales, hoy permanecen intocadas las redes de operación del narcotráfico así como sus estructuras operativas y financieras.