POR: Ivonne Melgar / COLUMNISTA
Después de lo sucedido con el TLCAN, no es descabellado pensar que el Pacto por México pueda experimentar una futura reivindicación política y cultural.
Quienes seguimos en los 90, la controversia que rodeó la negociación y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sabemos que buena parte del debate público se concentró en la resistencia de la oposición de izquierda y círculos académicos e intelectuales.
A la vuelta de los años, por supuesto que persisten las críticas al neoliberalismo y al hecho de que entonces se dejara fuera del acuerdo el flujo laboral y profesional, es decir, la regulación migratoria.
Pero la plataforma comercial —con sus limitaciones y consecuencias inequitativas— que se construyó, actualmente se da por descontada por la mayoría de las fuerzas políticas, mismas que reclaman al Gobierno saberla defender ante las advertencias de Donald Trump de enterrar el TLCAN.
Esa asimilación que se dio con el comercio y nuestro consumo cotidiano —ahora inentendible sin el intercambio global— bien puede presentarse dentro de una década, o quizá antes, con la agenda del Pacto por México.
Podrá impugnarse la puesta en marcha de las reformas Educativa, en Telecomunicaciones y Energética, pero es incontrovertible que son cambios del statu quo y que se lograron después de tres sexenios de infructuosos intentos.
Suscrito hace cuatro años, el 2 de diciembre de 2012, el Pacto por México contiene una lista de 94 compromisos que abarcan diversos rubros de la vida nacional, que van desde la economía hasta la gobernabilidad, incluidas la política social y las estrategias anticorrupción.
Si bien no hubo consenso en todos los temas —el PRD se opuso a la Reforma Energética y el PAN a los ajustes hacendarios—, lo cierto es que los integrantes del Consejo Rector del Pacto acumularon una experiencia que más temprano que tarde será vista como un referente para la construcción de soluciones.
Se trata de un conjunto de políticos cuyo oficio y experiencia pactistas, representan una masa crítica insoslayable para el previsible Gobierno de coalición que pronto requeriríamos.
En el caso del PAN, destacaron: Gustavo Madero, Santiago Creel, Marco Antonio Adame, Adriana Díaz Lizama, Alejandro Zapata, Ricardo Anaya y Luis Alberto Villarreal.
Por el PRI, estuvieron: José Murat, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Martha Tamayo, Raúl Cervantes y Héctor Gutiérrez de la Garza.
Del PRD, fueron clave: Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Pablo Gómez Álvarez, Alejandra Barrales, Guadalupe Acosta Naranjo, Silvano Aureoles y Miguel Alonso Raya. Por parte del Gobierno Federal, además del propio presidente Enrique Peña Nieto, la operación política recayó en: Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Felipe Solís y Humberto Castillejos.
Sin duda que el mayor déficit de esa mesa de cabildeo fue la ausencia de la representación ciudadana. Tan es así, que gracias al activismo de las organizaciones civiles se concretaron los nuevos sistemas de transparencia y anticorrupción.
Más allá de las rectificaciones imprescindibles en próximos pactos, la revisión de los asuntos legislativos pendientes nos dan una idea de por qué los buenos resultados siguen opacados por las deudas.
Destaca el estancamiento, en el Senado, de la Ley de la Pensión Universal y la del Seguro de Desempleo, síntoma del rezago en la revisión de fondo de la seguridad social.
Entre las tareas inconclusas figuran, además: la Ley de Cultura, la reforma integral a la Ley General de Víctimas, el otorgamiento de nuevas facultades para la CNDH, la autonomía de los organismos locales de Derechos Humanos y los ordenamientos contra la tortura.
Quizá los puntos más urgentes que se quedaron en el tintero de la agenda del Pacto se concentran en la ausencia de un marco que regule el uso de la fuerza militar y pública en general, así como el mando policial mixto.
Otra asignatura que se encuentra en veremos es la reforma política del DF que dio paso a la Asamblea Constituyente de la CDMX, actualmente en marcha y de pronóstico muy reservado. Existen tres pendientes que son una demostración sencilla de que los diseñadores del Pacto hicieron un diagnóstico integral de cambios que, sin embargo, no han sido capaces de concretar.
Es elocuente que senadores y diputados nos siguen debiendo la eliminación del fuero, leáse el fin de sus privilegios ante la justicia.
Del lado del presidente Peña arrastramos la deuda de campaña de crear una instancia ciudadana y autónoma, para supervisar la contratación de la publicidad de todos los niveles de Gobierno en los medios de comunicación.
Lamentablemente, la falta de castigo de los escándalos de corrupción protagonizados por actores de todos los niveles de Gobierno y filiaciones partidistas, hizo que la mesa del Pacto se cuestionara como un espacio en el que también se pactó la impunidad.
Esa realidad profundizó el desencanto social hacia la clase gobernante, desdibujando el valor que para la democracia del País tiene que los políticos profesionales hubieran formulado una agenda de tareas legislativas e institucionales, tan urgentes como necesarias.
