En otro país, el presidente y los funcionarios responsables del sector energético ya hubieran presentado, por dignidad, su renuncia.
El desbasto de gasolina ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, la estabilidad económica y la vida de los mexicanos.
El error no radica en combatir el robo de combustible. El desacierto consiste en privilegiar el ego, la retórica obtusa y las decisiones unipersonales, a costa de la integridad nacional.
La terquedad de Andrés Manuel López Obrador recuerda la terquedad necia de Gustavo Díaz Ordaz. Si este, por ceguera política, decidió no escuchar las exigencias de los estudiantes, el presidente de la república, por autoritarismo y falta de humildad, ha decidido no escuchar a nadie y combatir el crimen paralizando el país.
Insiste en “no dar un paso atrás” y pide al pueblo “resistir”, como si los 30 millones que votaron para llevarlo a la Presidencia estuvieran obligados a ir a una guerra declarada e inventada por el gobierno.
La crisis de gasolina ha mostrado con toda elocuencia el rostro de esta autocracia. ¿Por qué tomarse la molestia de informar a los gobernadores sobre las medidas que se iban a tomar si a partir del 1 de diciembre solo vale lo que diga y decida un solo hombre?
¿Por qué el director de Pemex tiene que molestarse en tomar la llamada del gobernador de Jalisco o de Michoacán si en este gobierno hay súbditos y emperadores?
Las conferencias de prensa matutinas se han convertido en veneno para el propio gobierno: “Sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer.”
Con esta frase, pronunciada la mañana en que aumentaba el numero de gasolineras cerradas en gran parte del país, especialmente en la capital, Andrés Manuel dejaba ver una forma de pensar confusa que solo atiende la propia vanidad y fantasía.
El presidente de la república ha decidido atacar el robo de combustible jugando, dicho por él mismo, a las vencidas con el crimen organizado.
No lo está haciendo a partir de una estrategia integral, planeada, pensada, sino que está utilizando como principal arma de ataque un discurso moral con el que busca seguir legitimándose ante sus seguidores, pero que, lejos de resolver el problema, lo complica.
Una ideología canalla, de blanco y negro, de neoliberales y neoporfiristas, de buenos y malos, le está impidiendo ver el horizonte completo.
Es cierto que Pemex está hoy en manos del crimen organizado. Es verdad que el robo de combustible ha llegado a los niveles de un delito que por su dimensión debe ser tipificado como despojo a la nación.
También es verdad que varios gobiernos por omisión o colaboración han sido cómplices en la construcción de una poderosa red criminal en la que participan funcionarios y trabajadores de Pemex, contratistas, empresarios, policías, soldados, gobernadores, alcaldes, jueces y cárteles de la droga.
Tampoco se exagera al decir que muchos gasolineros son los principales beneficiarios del robo de combustible y que este delito pega directamente en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
No se puede negar la escandalosa participación y complicidad del sindicato de Pemex en toda la trama, en cómo solapa y protege a trabajadores delincuentes y cómo soborna a jueces corruptos para que los liberen.
Quienes han estado a cargo de la seguridad de la paraestatal han dejado por escrito testimonios de cómo el sindicato se ha opuesto a combatir la delincuencia.
Todo esto es parte no solo de la realidad, sino de una peligrosa tragedia nacional que exige evitar decisiones simplistas, unipersonales y demagógicas.
Nadie le ha pedido, por cierto, al titular del Ejecutivo federal ser Dios para resolver el “asalto a la nación” en horas o días.
La duda es si el presidente está diciendo la verdad, si la crisis de abasto radica únicamente en el cierre de los ductos o si detrás de todo esto hay una guerra, que él mismo declaró, al crimen organizado, sin prever consecuencias, que hoy resultan inmanejables.
A lo absurdo se suma lo extraño. Se cierran ductos, pero se deja en libertad a los criminales. No existe hasta hoy un solo detenido. ¿Por qué no se arresta a las cabezas de esos “poderosos intereses”? ¿Son intocables? ¿Acaso hubo un pacto en el pasado que ya se rompió? ¿Promesas de líderes huachicoleros hoy incumplidas?
¿Por qué solo se pide al “pueblo” que deje de robar combustible y no se dirige la acusación a la “casta delincuencial” que tiene, sin duda, nombres y apellidos?
México está siendo víctima de algo que no se dice.
Crédito: BEATRIZ PAGÉS.
