Urgen protocolos de intervención para detener el incremento de la violencia en varias regiones y ciudades del país. La demanda de diferentes comunidades de legalizar la creación de policías comunitarias, o grupos vigilantes, es un reflejo de dos fenómenos: casos tienen que ver con la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y en otras instancias son grupos armados que buscan llenar vacíos de poder dejados por los gobiernos locales y estatales. Cualquiera que sea la razón, su resurgimiento es una terrible señal de lo que está pasando en el país: ingobernabilidad por el control territorial que ejercen grupos ajenos al poder público en diferentes estados.
Y es que parecería que la realidad está rebasando la estrategia de seguridad y prevención del presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de todas las intenciones de tratar de distanciar su administración de lo que se percibe como la estrategia fallida de Felipe Calderón, los actos de violencia en estos tres meses van en aumento. El hecho de que el jefe del Ejecutivo no haga mención a diario en sus discursos el problema de seguridad y la urgencia de enfrentar el crimen organizado, no significa un cambio de estrategia. Lo que sí se podría interpretar es que el combate a los violentos dejó de ser una prioridad para el gobierno o se tiene el síndrome del avestruz: metiendo la cabeza en la arena.
Es imposible ignorar la situación de inseguridad en el país, y el instalar la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, hace unos días, es un paso importante en reconocer esta realidad. Es una apuesta importante para que la coordinación sea un factor que reduzca la violencia hacia el futuro.
El problema es el hoy. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar y mitigar el efecto que están teniendo los violentos en este momento? ¿Cómo crear incentivos para que estos grupos no perciban este silencio por parte del gobierno como una señal de debilidad, de desinterés, de desorganización, o de simple negligencia? Los programas de prevención, por más nobles que sean, su efecto es a largo plazo.
El impacto del trabajo de la Comisión para la Prevención no se sentirá en una reducción en la violencia sino hasta después de que concluya este sexenio, siempre y cuando se implementen los programas correctos y en una forma efectiva.
Siempre habrá algo o alguien que llene los vacíos que deja el gobierno. Y promover programas de prevención no impide que se cuestione cuál es la estrategia de contención y control que tiene el gobierno para reducir la capacidad de los violentos.
De hecho, uno de los grandes errores del anterior sexenio fue que los funcionarios que tenían la responsabilidad de la seguridad nacional y la seguridad pública del país, tuvieron poco contacto e injerencia con los programas de prevención y desarrollo. Esta falta de coordinación durante la administración calderonista fue sistemática en todas las esferas programáticas del anterior gobierno.
Pero es importante reconocer que existe una brecha cultural y de objetivos entre los que implementan la estrategia de seguridad y los que implementan la estrategia de desarrollo social que con frecuencia dificulta la capacidad de interlocución y desarrollo de un plan coordinado.
Por eso urge el desarrollo de un protocolo de intervención para comunidades y ciudades con altos índices de violencia y criminalidad. Por ejemplo, en primera instancia, las fuerzas de seguridad, la ley y el orden deben asegurar que la zona está bajo un control suficiente para dar inicio a la aplicación de programas de desarrollo social y planes de prevención.
Al mismo tiempo se deben llevar a cabo diálogos entre los gobiernos estatales, locales, los responsables de implementar los programas de desarrollo y prevención, social, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, para identificar necesidades y establecer prioridades de la intervención posterior para establecer prioridades y el uso adecuado de recursos.
El aplicar programas de prevención y desarrollo en comunidades que se encuentran en una situación en donde el gobierno no ejerce un mínimo control territorial, no solo es un desperdicio de recursos, sino pone en riesgo la integridad física de los encargados de esos programas, además se deteriora aún más la credibilidad del Estado.
Es loable que se esté pensando, planeando en un futuro más próspero y pacífico para México. La pregunta es, cómo empezar a resolver el problema más inmediato. O tal vez deberíamos preguntar: ¿cómo asegurar que no se incremente aún más la violencia?
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@amsalazar
Analista política
