Mauricio Merino
Columnista

  • La corrupción ha sido un sistema de captura del Estado, lo único que cambia serán los nombres

La corrupción no se combate con escándalos sino atajando causas y conductas. Cuando los países de Europa del Este salieron del control soviético, casi todos (incluyendo a Rusia) entraron en una dinámica de corrupción que fue mitigándose, a muy duras penas, cuando la sociedad comenzó a exigir parámetros explícitos sobre el origen, el uso y el destino del dinero público.
Lo mismo sucedió en la India y en el Magreb: el viento de los escándalos no sirvió más que para avivar el fuego, pero no consiguió evitar la captura privada de los recursos públicos. El caso de América Latina es similar: la pesca de los peces gordos, tan aplaudida por los políticos de turno, no ha servido para purificar las aguas donde nadan.
De entrada, aunque se repita mil veces desde la palestra, la corrupción no es un delito sino una anomalía. Los delitos son las conductas tipificadas en la ley que, a fuerza de repetirse y normalizarse, llegan a convertirse en un sistema. El fenómeno y los delitos por hechos de corrupción están vinculados pero son cosas distintas. Enlisto: el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la remuneración ilícita, la conclusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y las 34 conductas señaladas como delitos contra la administración pública en el Código Penal Federal —reformado en el año 2016— así como los delitos electorales, detallan las conductas que deben castigarse. La corrupción es, en cambio, el fenómeno que auspicia esas conductas.
Esos delitos se cometen cuando los servidores públicos asumen que son dueños del Estado: cuando capturan sus recursos como si fueran cosa propia, ya sea para acrecentar su riqueza o su poder. La corrupción se vuelve sistema cuando se reparten puestos entre los amigos y los leales; cuando no hay archivos ni registros suficientes; cuando se prefiere la opacidad sobre la transparencia; cuando el presupuesto se asigna sin mandatos claros y verificables; cuando el dinero público se gasta por razones clientelares; cuando se asignan contratos de obras y de adquisiciones públicas sin licitaciones; cuando los controles internos privilegian la lealtad y abandonan la eficacia, la eficiencia y la economía; cuando las auditorías se someten a los intereses del poder; cuando no se rinden cuentas sobre los resultados obtenidos y nadie es sancionado por sus fracasos o su negligencia; cuando no hay sistemas públicos de evaluación; cuando las oficinas y los cargos públicos se usan para favorecer partidos y campañas.
Si se quieren evitar los delitos enlistados, es preciso modificar las causas que los generan. Mientras siga divulgándose la idea según la cual la corrupción es solamente cosa de corruptos y no de prácticas nacidas en el corazón mismo del Estado, y mientras siga repitiéndose —por conveniencia o convicción— que se trata de una batalla de buenos contra malos, la corrupción seguirá siendo sistémica, seguirán abriéndose expedientes para castigar a unos y proteger a otros y seguirán vigentes los escándalos de turno.
La corrupción ha sido y sigue siendo un sistema de captura del Estado. Mientras eso no se entienda, lo único que habrá cambiado serán los nombres de los corruptos que estén de moda.